http://books.google.com.pe/books?id=VuwpPPe25qoC&lpg=PA197&ots=5zNyOae4KW&dq=Tribunal%20Constitucional%20y%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Poder%20Judicial%20en%20relaci%C3%B3n%20a%20la%20jurisprudencia%20constitucional.&pg=PP1#v=onepage&q=Tribunal%20Constitucional%20y%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Poder%20Judicial%20en%20relaci%C3%B3n%20a%20la%20jurisprudencia%20constitucional.&f=false
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El sistema judicial peruano está integrado por el Poder Judicial (del que forma parte la Academia de la Magistratura), el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura. La Constitución de 1993 establece la independencia y exclusividad de la función jurisdiccional. El Poder Judicial peruano ha tenido una debilidad estructural, producto de las intervenciones políticas recurrentes y la escasa maduración institucional. Adicionalmente, la administración judicial adolece de serios problemas de funcionamiento, que han ahondado una vieja crisis que se expresa en la falta de credibilidad por parte de los ciudadanos que por lo general, ven frustradas sus expectativas de justicia, debido a problemas como la demora en la tramitación de los procesos, una excesiva carga procesal que va más allá del millón de casos procesados a nivel nacional en y un serio problema de acceso a la justicia. Este panorama ha llevado al actual proceso de reformas, que cuestiona la forma de trabajo que se ha venido aplicando desde hace mucho tiempo. Para reformar el sistema de administración de justicia en el Perú. Entre Ellos cubren la organización, competencias y gobierno del Sistema Judicial; la carrera judicial, incluyendo la selección nombramiento, promoción, Capacitación y especialización de los magistrados; y los medios Alternativos para la resolución de conflictos, incluyendo el arbitraje y las Formas tradicionales de hacer justicia. La tercera y última sección establece Una serie de pautas y criterios para diseñar y poner en práctica Una reforma judicial que sea creíble y confiable para toda la ciudadanía Es claro que toda reforma judicial debe propugnar una mejora cualitativa en la prestación del servicio de justicia y la atención del ciudadano. De allí que la modernización de los sistemas administrativos, la Racionalización organizativa y gerencial, la simplificación de trámites y Procedimientos operativos, la informatización, el empleo de personal Tecnificado y la incorporación de criterios de gestión económica más Eficientes resultan aspectos necesariamente positivos e indispensables Ello debe complementarse con una política remunerativa y condiciones De trabajo para los magistrados y el personal de apoyo judicial Acordes con la importancia que para el Estado y la sociedad tiene dicha Función
ResponderEliminar"Administrar Justicia" es un concepto equívoco que debe ser superado. La actividad jurisdiccional supone resolver conflictos intersubjetivos y ejercer el control difuso de la constitucionalidad legislativa. La Administración, cuando resuelve algo, se expresa a través de actos administrativos, decisión en la que se encuentra involucrada, pues al resolver una situación del administrado, está definiendo su propio rol.
ResponderEliminarLa problemática del sistema judicial en el Perú se debe a los diversos problemas de acceso al sistema judicial; refiriéndose no sólo a la capacidad de todo ciudadano de llegar al sistema de justicia para resolver un conflicto o reclamar un derecho, sino a la posibilidad de que el principio de igualdad ante la ley sea efectivo en el tratamiento de los casos. Me temo, que este es un grave problema donde no hay avances significativos, barreras económicas, ligüísticas, geográficas, culturales y las múltiples trabas legales hacen que la justicia sea accesible sólo a un sector minoritario de la población. La ventaja con la cual litiga en el Perú quien tiene poder económico es enorme.
Los problemas de corrupción, los cuales si bien jueces y fiscales especializados vienen procesando importantes casos de corrupción de un gobierno pasado a través de la llamada "justicia anti-corrupción", los problemas de corrupción en el sistema judicial para los casos de la justicia ordinaria subsisten de manera muy significativa, resultando incompetente el sistema de control interno que tiene el Poder Judicial para prevenir y sancionar casos de corrupción de jueces y funcionarios. La percepción de opinión pública antes sintetizada es expresiva.
Otro de los problemas es la de certeza y predictibilidad en los fallos judiciales; dado las múltiples causas, la mayoría de los cuales tienen que ver con factores culturales y de capacidad profesional de los jueces, hacen que la justicia no sólo sea lenta, sino impredecible. La falta de motivación en muchos fallos judiciales, es otro de los problemas; el razonamiento formalista que no prioriza la solución del conflicto real; la posibilidad de fallos contradictorios ante problemas similares, hacen, entre otros elementos, que la aceptación social del sistema de justicia sea muy pobre.
Los problemas antes descritos subsisten aún. Son graves y su solución tomará varios años. El problema principal ahora es romper la inercia e iniciar los cambios. Hasta el momento no queda claro si habrá voluntad política en todos los responsables para iniciar dichos cambios.
El fin último del derecho es la justicia, esta emana del pueblo y el poder judicial la imparte, pero en los últimos tiempos el sistema judicial ha tenido una mala reputación ya sea por los actos de corrupción que se dieron en los gobiernos de turno lo cual nos hacia reforzar cada vez que este poder no tenia autonomía y que muchas veces era dependiente, además no contaba con una organización y administración solida y eficiente. Es por ello que se han venido dando una serie de reformas y avances para así poder definir al poder judicial como una organización formal con una estructura diseñada expresa y deliberadamente por la constitución y por su ley orgánica (determinación de funciones, relación de autoridad y mecanismos de coordinación).
ResponderEliminarExisten 2 sistemas de sistemas de administración de los tribunales: el sistema angloamericano (caracterizado por la independencia de sus jueces y tribunales) y el europeo (selección, nombramiento y fiscalización de los órganos jurisdiccionales. Los países latinoamericanos se caracterizan por ser mixtos porque si bien es cierto han otorgado facultades de gobierno y administración a los tribunales también se ha creado instituciones de justicia que comparten estas funciones.
La constitución de 1993 trajo muchas modificaciones para fortalecer el sistema judicial como por ejemplo reforzar el consejo nacional de la magistratura, la consagración del presidente de la corte suprema de justicia como presidente de poder judicial, el reconocimiento de la sala plena de la corte suprema como órgano máximo de deliberación del poder judicial, y la distinción entre órganos jurisdiccionales, de gobiernos, y administración. Los objetivos fijados con el nuevo diseño de administración son: rediseñar procesos para una administración de justicia justa y eficaz, evitar la carga procesal, lograr mayor transparencia en los procesos judiciales e implantar mecanismos de autocontrol del costo y la calidad de la administración de justicia.
El poder judicial debe seguir trabajando para alcanzar un mayor grado de eficacia, para dar un mayor grado de seguridad jurídica a los ciudadanos y sobretodo darle confianza, menor atraso en su gestión, estructura orgánica que soporta los procesos y procedimientos reestructurados de la gerencia general, OCMA, procuraduría, inspectoria y judiciales; sistemas que incorporan progresivamente a magistrados éticos, probos, equitativos, y capaces, identificados en su función jurisdiccional y que actúan con independencia jurisdiccional. Y así lograr una justicia que llegue a todos los sectores de la población de nuestro país.
INTEGRANTES:
GUANILO CASTILLO AMMY
SILVA VICHEZ JHONNY
SULLON CORONADO SHIRLEY GABRIELA